Webs "piratas": se podrán cerrar en un mes, con orden judicial

El diario El Pais publica cómo será el procedimiento que permitirá al Gobierno español bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El procedimiento, que tardaría menos de un mes, requerirá autorización judicial previa.


Además, se asegura que las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción.

Si bien el procedimiento definitivo se sancionará el próximo viernes 8, trascendió que el proceso para el bloqueo de una web se iniciará cuando los propietarios de derechos -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- denuncien ante la Comisión de Propiedad Intelectual a la página que presuntamente está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, ya sea una película, un álbum musical o un videojuego. La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos, para luego notificar a la web la denuncia y abrir un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Si la Comisión entiende que las alegaciones no son suficientes, notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.

Joan Navarro, portavoz de la Coalición de Creadores, que agrupa a la industria cultural y audiovisual, dijo a El Pais que “la Coalición no tiene confirmación de ese procedimiento, pero va en la línea del diálogo que mantuvimos con el Gobierno. Lo que nosotros pretendemos es que haya un proceso muy garantista para con las páginas web y nos parece óptimo que exista esa garantía judicial. Respecto a los plazos, lo que no puede ser es lo que pasa ahora: crear una página web ilegal cuesta un día y cerrarla, por la vía administrativa o judicial ordinaria, seis años”.

Por su parte, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se ha mostrado más crítico señalando que “el Gobierno quiere hacer un requiebro para saltarse las garantías judiciales porque lo que busca, en realidad, es hacer ilegal algo que ahora mismo no lo es, como son las descargas. Cualquier regulación sobre un derecho fundamental como el del acceso a Internet o de publicación de contenidos en la Red debe requerir la aprobación previa del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. No basta un reglamento: es preciso retirar la disposición final de la ley de Economía Sostenible”.

Publicado por Administrador

Los jueces cerrarán webs piratas

Ahora sí: el Consejo de Ministros aprobó ayer la normativa más traumática de los últimos meses, destinada a impedir el hasta ahora inatajable avance de las descargas no autorizadas. Tras un mes de declaraciones contradictorias y desautorizaciones, opta por un enfoque mixto para cerrar las webs que facilitan el intercambio, administrativo y judicial, por el que la Audiencia Nacional podrá cerrar páginas en cuatro días. Así pretende contentar a las dos partes enfrentadas, una industria cultural que sostiene que la red la está matando y unos colectivos de internautas que argumentan que el sector audiovisual actúa como si no existieran los navegadores. Por el momento, ha logrado que aplauda solo la primera.


El proyecto antidescargas, previo paso por los órganos consultivos y el Parlamento, entrará en vigor, según los planes del Gobierno, cuando acabe el verano. Lo que pasará será esto: el procedimiento comenzará a caminar cuando el propietario de los derechos de autor --ya sea un sello discográfico, una televisión, un estudio cinematográfico o un compositor-- denuncie ante la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano de nuevo cuño que dependerá de Cultura pero cuyos miembros serán independientes, que determinada página de internet está enlazando o comercializando sin permiso un archivo que le pertenece.

PLAZO PARA DESALOJAR El ente analizará la queja y, si considera que tiene fundamento, la trasladará a los propietarios de la página web, los citará, escuchará sus alegaciones y, cuando estas no le convenzan, les dará un plazo para que desalojen esa película, capítulo, canción, videojuego o programa informático.

Aquí es donde entra la Audiencia Nacional. El caso pasará entonces a la sala de lo contencioso administrativo de este órgano, que tendrá cuatro días desde que lo recibe para oír de nuevo a las partes y decidir si cierra cautelarmente, pues la decisión puede ser impugnada, la página cuando su servidor se encuentra en España o si bloquea su acceso desde los ordenadores del país cuando la web se halle en el extranjero.

La fórmula elegida para clausurar o impedir el uso de esas 100 páginas que el Ministerio de Cultura tiene en el punto de mira es más laxa que la aprobada por Francia --allí también se perseguirá a los usuarios que se descarguen archivos, algo que aquí no ocurrirá-- y que la anunciada en un primer momento por el Ejecutivo, que a principios de diciembre se inclinaba por los cierres administrativos sin previa autorización judicial.

ORGANO ELEGIDO Sin embargo, sorprende, y dice mucho sobre la importancia que el Gobierno socialista otorga a este asunto, el órgano elegido para decretar la clausura preventiva de las páginas de internet: nada menos que la Audiencia Nacional, entre cuyas competencias se encuentra el tráfico de estupefacientes a gran escala o el terrorismo. Y ahora, también, la defensa de la propiedad intelectual.

Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo que resultaba "difícil de ubicar donde se hallan las páginas" y por tanto convenía que los casos de violaciones a los derechos de autor en internet estuviesen centralizados en un mismo tribunal. "Es un modelo que establece todas las garantías", señaló la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Al mismo tiempo que ambos dirigentes daban cuenta de su proyecto en la Moncloa, la titular de Cultura, una Angeles González-Sinde que hace un mes fue desautorizada por el propio jefe del Ejecutivo, hacía lo mismo en la sede de su departamento. El Gobierno parece haber comprendido que este asunto requiere pedagogía.

Publicado por Administrador